IN MEMORIAM: DILAN CRUZ

|| Por Israel Barreiro Delgado

El día de 23-12-19, en Bogotá, centenares de personas realizaron un magnifico evento público en Homenaje póstumo a DILAN CRUZ. El primer mártir estudiantil, asesinado por el Capitán del ESMAD, MANUEL CUBILLOS, un mes antes dentro de la jornada nacional de protesta iniciada el 21 de noviembre contra el denominado “paquetazo neoliberal” de Duque, Carrasquilla, el Consejo Gremial Nacional y la OCDE.

Este acto público espontáneo de masas, expresó un conjunto justo de sentimientos y exigencias populares, como: 1) Reconocer en DILAN CRUZ a un joven estudiante imbuido de los mejores anhelos sociales y patrios; 2) Condenar el vil asesinato oficial a sangre fría, vulnerando el sagrado derecho a la vida de DILAN CRUZ; 3) Rechazar la violencia oficial institucionalizada, por intermedio del ESMAD, para silenciar e intimidar al pueblo y desalentar sus movilizaciones de protesta contra las políticas neoliberales; 4) Condenar la impunidad que ESTÁN cubriendo al asesino y el asesinato de DILAN CRUZ; 5) Impugnar a las mayorías de congresistas, empresarios y políticos gobiernistas que defienden la actuación criminal y violenta del ESMAD; 6) Denunciar a la “Gran Prensa” nacional e internacional como cómplice voluntaria del terrorismo de Estado, escenificado por el ESMAD; 7) Criticar la conducta servil y lacaya de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, MICHELL BACHELET, la cual no se atrevió acusar al presidente Duque de violación de los derechos humanos.

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Únicamente sobre las masas populares, reside la posibilidad de que el asesinato de DILAN CRUZ, no quede en la impunidad, ni que su sacrificio se hunda en el silencio y el olvido. Pues, desde el primer momento los voceros y órganos del gobierno, procuraron tergiversar los hechos y presentar al joven asesinado como un “vándalo” y posiblemente un “terrorista” pagado y entrenado por el Foro de Sao Paulo, el “castrochavismo” y por Rusia.

Fueron los videos propagados por las Redes Sociales y valientes testigos, ahora amenazados, quienes aportaron las evidencias para desenmascarar e identificar al asesino que, ahora, pretenden presentar como mansa paloma incapaz de matar y comerse una hormiga.

El traslado de la investigación a la Jurisdicción Penal Militar, entraña un grave peligro de que el victimario sea condecorado como “Héroe”, eximido de responsabilidad penal y civil; y, de que la víctima (DILAN CRUZ) sea declarado culpable de su propia muerte, siendo condenados sus familiares a pagarle daños y perjuicios al victimario y, de pronto, también, al Estado.

En el supuesto de que DILAN CRUZ, con el lanzamiento de una piedra hubiese causado la muerte al Capitán MANUEL CUBILLOS, desde ese mismo instante habría sido encarcelado y la justicia ordinaria ya le tendría lista una “ejemplar condena” para él y varias decenas de estudiantes y personas participantes en la manifestación, acusados de horribles crímenes y, el Estado de Sitio y el Toque de Queda, bajo la figura del “Estado de Excepción”, estarían funcionado a pleno vapor para desarticular “la conspiración internacional” antineoliberal.

La Memoria y el asesinato de DILAN CRUZ, no puede quedar en la impunidad, ni caer en el olvido. Su vida cortada por balas oficiales, debe ser exaltada y reconocida en las Aulas escolares y Universitarias; reivindicada por todos los sectores sindicales y populares; bustos en su Memoria debieran ser erigidos; incluso, sería ideal que, la bancada de congresistas alternativos, presentarán un proyecto de ley para que el nuevo Puente sobre el rio Magdalena llevase el nombre de DILAN CRUZ: un verdadero mártir popular (recodemos: ley mata decreto politiquero).

¿Sería posible que el Comité Unitario Departamental de Paro, mandará a imprimir miles de Almanaques de bolsillo de 2020, con la figura de DILAN CRUZ, e inclusive, afiches o estampas; lo mismo que elaborar algunos videos para difusión en las redes sociales?

LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO, UN COMPROMISO HISTÓRICO DEL ESTADO COLOMBIANO

Por Jeyfer Acosta Maldonado ||

Para nuestra generación seria difícil rastrear las causas del origen del conflicto y la guerra que devora cada territorio del país, de no ser porque cada día el Estado y sus aparatos de represión nos recuerdan que son ellos quienes inician la chispa de la guerra. Los últimos días los partidos políticos al servicio del gobierno de turno no han hecho otra cosa que enfocar sus esfuerzos en iniciar una guerra no declarada con las clases populares y trabajadoras de Colombia. Para un par de ejemplos tenemos las nocivas “reformas” pensional y laboral que pretenden imponer, al igual que la Ley de financiamiento. ¿A quién financian realmente? Pues por lo que se ve financia al insaciable aparato burocrático de congresistas y funcionarios públicos que ven en sus cargos un camino para el beneficio personal y que han olvidado la vocación de servicio público. Y pues claro que también financian los apetitos insatisfechos de la empresa privada porque por lo que se lee quien sale desfinanciado es el pueblo asalariado, el trabajador informal, el pequeño comerciante y campesinado.

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Y sostengo que el Estado tiene un compromiso indisoluble con la guerra porque la Historia y los hechos recientes lo comprueban. Observe atentamente cuantos actores armados han existido en el siglo pasado y cuál de los dos bandos aun sigue generando acciones de guerra contra la población civil. Se desintegraron las guerrillas liberales, el MRL, EPL, PRT, M19, Quintín Lame y recientemente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y las políticas de guerra del Estado siguen más vigentes que nunca encarnadas en la doctrina militar del Enemigo Interno y la envejecida lógica de la Guerra Fría. Y no sólo estas acciones de perseguir, encarcelar, estigmatizar y aplicar el Lawfare (guerra y montajes judiciales) avivan la guerra sino sobretodo el abandono y desfinanciamiento de las necesidades básicas para vivir dignamente.

Fíjese, hoy basta decir articulo 44 del Presupuesto General de la Nación para entender la intencionalidad del gobierno de turno por acabar con una de las bases de cualquier democracia y sociedad moderna: el acceso a la educación superior. Y no bastando con esto, reprime de manera desproporcionada a través del ESMAD cualquier reclamo sea por las vías de hecho o de manera pacífica como lo demostraron las protestas de los estudiantes de la Universidad Nacional. Existe en el fondo de este accionar una política estatal de darle un tratamiento militar a la protesta social, de militarizar la vida civil y sobretodo de generar nuevos actores violentos innecesarios para nosotros y necesarios para sus finanzas.

El 10 de octubre del año pasado arrancaba un paro estudiantil nacional que llevaría tres meses en ser disuelto, y hoy parece que el gobierno quisiera gritar a pulmón herido “un fantasma recorre Colombia, es el fantasma del paro nacional de estudiantes”.

LA ACCIDENTADA CANDIDATURA DE NICOLÁS PETRO

Carta de un lector ||

Todo empezó por allá en los meses de febrero y marzo. La incapacidad, el sectarismo y algunos otros males propios de la derecha hicieron que en cuatro años no se haya construido un proceso serio que uniera todos los intereses de los partidos alternativos en una candidatura única.

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Ante esta situación, Gustavo Petro, da un golpe de opinión y coloca a su hijo, Nicolás, como el candidato que va a derrotar a la casa Char en el departamento, situación que causo alergia y malestar en militantes alternativos. Pero, ¿qué esperaban?, si la ausencia de procesos serios llevó a Gustavo a tomar esa decisión, ¿saltándose las bases? Cuales bases, si todo indica que solo aparecen en épocas electorales.

Semanas después empieza la campaña de Nicolás, una campaña que sinceramente desde mi punto de vista ha estado mal planeada y que deja entre ver que llegar a ser poder no es una opción. Sus alianzas con personas que sólo necesitaban un aval, su apoyo a dos candidaturas en Barranquilla, Soledad y Malambo dan a concluir que como alternativos nos hemos rodeado mal y hemos dejado cooptar nuestras prácticas políticas por hábitos electoreros, hechos que reafirman mi planteamiento de qué aquí no hay un intereses serio de ser poder, aquí hay una medición de fuerza, -egoísta por cierto- para las elecciones del 2022.

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Ante esto, ya no se puede hacer más nada, solo queda la lección aprendida para que en 2023 lleguemos a contiendas electorales con un camino recorrido, un proceso serio y una opción que nos permita ser poder… y como dijo Lennin:
“la autocrítica como principal fuerza es la motriz del progreso”.

¿NI UNIDOS PODEMOS?

Por: William Alexander Aguirre ||

A menos de dos meses de las elecciones de autoridades locales, las encuestas parecen reflejar una victoria contundente de Jaime Pumarejo en la alcaldía de Barranquilla. De acuerdo con Invamer, el candidato suma casi el 80% de la intención de voto, por otro lado, la oposición no llega al 20% con una votación desgranada en tres candidaturas distintas.

Al parecer la suma de todas las fuerzas opuestas a la casa Char no alcanzan para enfrentar decorosamente la contienda de octubre, mucho menos para disputar el control de la ciudad. En ese orden de ideas, lo único en disputa en este momento es el carácter de la oposición que tendrá Pumarejo en el concejo, bien sea una oposición gobernable “constructiva” o una oposición mucho más contestataria en el caso de Bohórquez.

Lo anterior explica la nula voluntad de los candidatos ‘alternativos’ por encontrar formas de unificar esfuerzos. Estás elecciones se configuran más como unas primarias de la oposición al charismo, que como una oportunidad real de enfrentar a esta casa política en el corto plazo. El segundo en votación que asuma la curul en el concejo aspira en convertirse en una alternativa real frente al próximo candidato de Cambio Radical en 2023.

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Caricatura de Nadim

 

Es increíble que en una ciudad que acumula un sin número de problemas (desempleo, inseguridad, electricaribe, migración) el actual alcalde llegue a un nivel de aceptación del 90%, que debe llamar a la autocrítica a los sectores políticos alternativos, que aún parecen estar rodeados por los fantasmas de las administraciones previas a la llegada de Char al gobierno local.

Si bien el impulso de la votación de la segunda vuelta presidencial ha permitido apalancar algunas propuestas políticas alternativas, hoy parecen los candidatos más preocupados por salir en las fotos cerca de Gustavo Petro y su hijo, lo que si bien representa un oxígeno electoral no aporta al fortalecimiento de una propuesta de ciudad que identifique a la ciudadanía barranquillera con la política.
Si el próximo 27 de octubre ni unidos podemos, por lo menos unidos deberíamos discutir la forma como se debe develar los intereses mesquinos de las familias tradicionales de la ciudad y proponer un modelo de ciudad diferente.

¿QUÉ ES EL LAWFARE?(La guerra jurídica o judicial)

Un invento gringo practicado por casi todos los gobiernos y es la judicialización de la política en América.

Es el uso indebido de la ley e instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de una imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al encartado (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin pruebas, para lograr que pierda el apoyo popular y la capacidad de reacción.

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Caricatura Vitort

El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo político-militar”. A partir del 2001 el concepto empieza a ser manejado en ámbitos diferentes a lo castrense.
Hoy utilizan la NED , la USAID y el Departamento de Justicia, como asesores para la reforma de los aparatos jurídicos en el continente, estrechando vínculos con los entes judiciales e la región.
Los aspectos fundamentales del Lawfare es el papel determinante del poder judicial en cabeza de jueces y fiscales, espacio donde se despliegan sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política; deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. El ajuste estructural y la lucha anticorrupción es el otro aspecto que configura la persecución judicial de la guerra letrada.

La persecución judicial se ha exacerbado contra todo lo que esté contra el consenso de Washington.

El caso judicial se utiliza como un arma y se hace público e momentos de alto costo político para la persona o grupos que serán desprestigiados, colocando a “técnicos” vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político. En el proceso se resaltan a unos y se invisibiliza a otros. Los medios de información masivos y concentrados operan de modo transversal estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que ” manufacturan consentimiento” sobre la corrupción como “enfermedad del Estado” y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado.

Argentina, (caso Cristina F. de Kirchner ) Brasil ( Lula y Dilma) Colombia ( Jesús Santrich) Honduras ( Mel Zelaya) Paraguay, (Fernando Lugo), Ecuador (Rafael Correa), Venezuela ( Nicolás Maduro) Nicaragua (Daniel Ortega) son la mejor muestra del empleo arbitrario de las instituciones jurídicas para exterminar gobiernos y opositores políticos, pisoteando el imperio de la ley y del derecho; los principios del Derecho Internacional Público de la autodeterminación de las naciones y la no injerencia en los asuntos internos de los países.

El Lawfare es una nueva forma de producir un golpe de Estado suave y prolongado desde el interior de las democracias, el Estado constitucional de derecho y la igualdad en el trato jurídico.

Impera el descrédito. La verdad es sacrificada. Se enaltece la mentira…pero la verdad siempre florece.

¿Y LA CORRUPCIÓN “NAUSEABUNDA”?

Por William Alexander Aguirre

El 31 de mayo de 2018, el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que había descubierto lo que todo el mundo sabía: la existencia de una red de compra y venta de votos que funcionaba como una organización empresarial durante las jornadas electorales. Martínez haría pública la investigación un mes después, señalando que la ‘nauseabunda’ corrupción electoral que encabezaba la excongresista Aida Merlano, estaba atravesada por una estructura que pasaba por su fórmula a la cámara de representantes, Lilibeth Llinás, por los concejales de Barranquilla, Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo (hijo de Aissar Castro Reyes, quien perdió la investidura de concejal tras celebrar contratos con el ICBF meses antes de elegirse en la corporación).

En ese momento, la fiscalía general planteó que la red de compra de votos había quedado desmantelada tras la operación realizada a “Casa Blanca”. Sin embargo, a pocos meses de las elecciones locales, han sido nulos los resultados de dicha investigación más allá de la perdida de investidura decretada por el Consejo de Estado contra la exsenadora Merlano.

A falta tres meses para la elección de autoridades locales el olor nauseabundo se vuelve a tomar la política del Atlántico. La Misión de Observación Electoral contabiliza alrededor de 283 posibles irregularidades electorales relacionadas con la contienda de octubre, de las cuales un 88% corresponden a publicidad extemporánea, participación de funcionarios públicos en política y riesgos al voto libre, ubicando al Atlántico como el quinto departamento con más denuncias presentadas.

Fue tradición de la fiscalía general, durante el periodo de Martínez Neira, dar respuesta ante las diversas investigaciones por medio de arribismo mediático y la carencia de resultados efectivos que dieran prueba de la acción de la fiscalía contra el crimen, por ello, no sorprende que los procesos contra dirigentes políticos regionales no hayan prosperado.

La realidad devela que la “maquinaria” electoral, entendida como la sofisticación técnica, tecnológica y financiera de la clase política para conservar su poder por medio de las elecciones, se encuentra perfectamente calibrada. Combinando las herramientas legales que permite el ordenamiento jurídico electoral, con las acciones que vulneran las mismas reglas de juego pactadas para reducir la evidente ventaja que tienen los partidos en el poder sobre el resto de agrupaciones, encienden los motores nauseabundos de las campañas tradicionales.

LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO COLOMBIANO AL DESNUDO

Por:  Tony López R

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El pasado 12 de junio los legisladores del ultraderechista Centro Democrático miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, incluido el presidente de dicha Comisión, protagonizaron un bochornoso y antidemocrático escándalo, cuando se aprestaba a intervenir en dicha sesión el representante a la Cámara por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Jesús Santrich, el presidente de la Comisión levanta la sesión, cuando los legisladores del CD se levantaron y salieron del recinto, según alegaron  en protesta porque no avalan ni están dispuesto a escuchar a un señor acusado de narcotráfico.

Este hecho demuestra en primer lugar que en Colombia no reina un verdadero sistema democrático y se irrespeta el estado de derecho de los colombianos, el hecho es mucho más grave y forma parte de la guerra de cuarta generación, donde no es el uso de las armas el que se emplea, sino el de la guerra psicológica, con el uso de una manipulación mediática, para sembrar la matriz de opinión que Santrich, es un narcotraficante.

Los legisladores del Centro Democrático y quienes le secundaron en esa acción de odio y fanatismo incurren en un delito, porque por su conducta dan de hecho y no de derecho que Santrich es un narcotraficante, delito que no ha sido probado. Por falta de prueba fue que la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP) determinó su puesta en libertad y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que este tomara posición de la curul que le correspondía, en el marco de los Acuerdos de Paz, y ya como aforado, seria CSJ quien lo juzgaría.

Hasta el momento, el líder de las FARC es inocente, hasta que no se compruebe lo contrario.  La prueba reina del supuesto delito, resultó ser un video filmado por agentes norteamericanos de la DEA, que hicieron llegar al Fiscal General Néstor Humberto Martínez, y de quien dice que no conoce a estos agentes. Delicada y extraña operación de inteligencia, realizada por una agencia extranjera sin la autorización de la autoridades colombianas competentes, según denunció el propio ex  Fiscal Martínez Neira, lo cual es muy grave porque viola la soberanía del país y  conllevó a que un ciudadano colombiano fuera a prisión por 13 meses, pues el Fiscal actuó sin investigar ni verificar la información recibida.

La campaña mediática bien orquestada muestra fuertes elementos de una grave persecución política, como el sucedido en la Séptima Comisión de la Cámara de Representantes y llevan a considerar que es proceso judicial viciado.

Pero este acontecimiento no responde solo al objetivo de enjuiciar y enlodar al dirigente de las FARC Jesús Santrich, y con él a la organización a la que pertenece: Hoy en Colombia y en importantes sectores de la opinión publica los males de Colombia los ha provocado la guerrilla y no el Terrorismo de Estado implantado por un gobierno subordinado a intereses político y económicos foráneos.

El objetivo es más estratégico y está dirigido contra los Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial de Paz, las Cortes y el sistema judicial establecido en Colombia con la Constituyente del 91. Está ofensiva contra la institucionalidad jurídica colombiana viene desde hace un buen tiempo y tiene el objetivo de concentrar el poder en manos de una elite autoritaria y excluyente.

La lucha contra el sistema judicial y quitándose la careta, la encabeza el  senador Álvaro Uribe Vélez,  al convocar a recolectar firmas y salir a marchar  contra las Cortes, salieron el pasado domingo  9 de junio, y a “grito pelaó”  lanzaban improperios e insultos a las Altas Cortes, este fanfarrón  objetivo uribista,  no arrastró el público deseado,  pero  si es un campanazo para que los verdaderos sectores democráticos, progresistas y amantes de la paz, unan sus fuerzas y defiendan los verdaderos principios democráticos que fueron pisoteados por el Centro Democrático, dictatorialmente representados en la Séptima Comisión.

Pero los que se rasgan la vestidura, al parecer tienen poca memoria, no es un secreto, que el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez ha sido cuestionado por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. En la década del 80 el Servicio de Inteligencia del Pentágono elevó un informe a sus superiores donde vinculan a Uribe Vélez con el narcotráfico y le dan el numero 82 en la lista de los extraditables.

La prestigiosa periodista María Jimena Duzan, en su libro “La historia que nos deben” expuso: ¿Cómo es posible que tengamos en la alcaldía de Medellín a una persona que me han dicho tiene nexos con narcotraficantes?  Fue la pregunta que le hizo el presidente Belisario Betancourt al gobernador de Antioquia Villegas Moreno. “Si nos atenemos a las nuevas revelaciones hechas por Villegas Moreno en este libro, Uribe Vélez fue sacado de la Alcaldía de Medellín por presuntas relaciones con el narcotráfico”.

Lo cierto es que solo se desempeño por cuatro meses como alcalde y en ese periodo, Uribe Vélez, acompaño a Pablo Escobar, en la iniciativa, de construir vivienda para personas pobres, que denominaron “Medellín sin Tugurio”, barrio que construyó el famosos capo, cuando aspiraba a representante a la Cámara por el Partido Liberal, del que fue separado por el líder liberal  Luis Carlos Galán, y motivó, que Escobar y Gonzalo Gacha jefes del Cártel de Medellín,  ordenaran el  asesinato de Galán, pues se convertía en un enemigo del narcotráfico.

Siendo gobernador del departamento de Antioquia, desde 1994 al 97 fue el impulsor de legalizar los ejércitos privados de los señores latifundistas, empresarios y de las grandes transnacionales que operan en Colombia, estos ejércitos de paramilitares actuaron bajo el nombre de  las CONVIVIR, hasta que luego de la reunión del Estado Mayor de la  llamadas Autodefensa Unidas de Colombia, en el Nudo de Paramillo en 1997, estas se subordinan a los jefes narco-paramilitares Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso.

Durante su presidencia Uribe Vélez (2002-2010) hizo todo lo humano y divino para que Estados Unidos, aprobara el TLC, proyecto que no contaba con el consenso del Congreso de los Estados Unidos, porque según este, el gobierno de Uribe Vélez, viola los Derechos Humanos y mantiene relaciones con fuerzas paramilitares vinculadas al narcotráfico.

En los Estados Unidos sectores del Partido Demócratas e incluso algunos legisladores republicanos tenían serias reservas con el  gobierno de Uribe Vélez,  el 15 de octubre del 2004, el senador John Kerry declaró durante su campaña a la Presidencia, en una entrevista publicada en el diario El Tiempo, en la cual resaltó “la necesidad de que el gobierno colombiano mejorara la grave situación de los derechos humanos en el país y que cortara lazos pendientes con los grupos ultraderechistas paramilitares”.

Mientras que, según la prensa estadounidense, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi era una de las primeras líderes demócrata en señalar a Uribe como paramilitar.  Y el congresista Charles Rangel se lo había anticipado a Uribe Vélez cuando este viajó a los Estados Unidos en el año 2007 buscando apoyo para la firma del TLC y le dijo: “sabe que señor Uribe, no vamos a aprobar el TLC con Colombia hasta que no se aclaren los asesinatos de los sindicalistas y no se concluya el escándalo de la parapolítica”. El TLC solo fue firmado, cuando Uribe Vélez concluyó la presidencia de Colombia.

En ese momento de  la visita de Uribe a Estados Unidos,  no se había conocido el horror de los falsos-positivos, y que ahora han saltado nuevamente a la palestra pública, luego de la denuncia del New York Time, que alertó sobre la orden emitida  por el jefe del ejército,  el general Nicasio Martínez, y que no era más que reeditar una similar política que ejecutaron las FFMM durante la presidencia de Uribe, al asesinar a miles de  inocentes jóvenes en Colombia, vestirlos con uniforme militar y presentarlos  como  guerrilleros caído en combate.

Cuando se tiene el tejado de vidrio no se puede tirar piedras para arriba, al parecer los congresistas del Centro Democrático y quienes le apoyaron al abandonar la sala, deben recordar que su líder Uribe Vélez, también está cuestionado y la justicia colombiana y la Corte Penal Internacional, están interesadas en tomar acción y medidas con   los autores intelectuales y altos mandos militares que orquestaron y ordenaron esta política criminal.

¿Qué pasaría si las representaciones de los partidos democráticos, progresistas y de izquierda en las Comisiones y en el plenario del Congreso se levantan y salen del recinto por las acusaciones que pesan sobre el senador Uribe Vélez?

El caso de su hermano Santiago Uribe y la banda paramilitar de los 12 apóstoles no está aún concluida. El relato del mayor ® Juan Carlos Meneses a la destacada periodista Olga Behar, en el libro testimonio los Doce Apóstoles, respecto de la vinculación de políticos y militares, él como jefe de la policía en Yarumal sentía tranquilidad porque Uribe había ganado la gobernación de Antioquia y su hermano Santiago les dio tranquilidad  y dijo que ellos tenían amigos en la fiscalía y con algunos magistrados que no podían abrir la boca porque quedarían salpicados al momento que se abriera una investigación, y ellos serían perjudicados.

El gobierno de Duque alardea de democrático, pero nada diferente sucedió y sucede en Colombia, a lo que, hacían las dictaduras de Videla, Pinochet, Somoza, Stroessner, entre otros conocidos criminales, y digo sucede, porque cual es la respuesta a los asesinatos hoy, junio del 2019 a los más de 650 colombianos asesinados entre ex combatientes de las FARC y lideres sociales, periodistas, dirigentes comunales y sindicalistas.

Olvidaron estos legisladores, que su mentor   Álvaro Uribe Vélez, cuando ejercía la presidencia, permitió que el  partido uribista  Colombia Democrática, dirigida por su primo y  ex senador Mario Uribe, a través de las congresistas uribistas Rocío Arias y Eleonora Pineda y a propuesta de Zulema Jattin Corrales, quien ejercía como presidenta de la Cámara de Representantes, llevaran de visita al Congreso a los narco-paramilitares Salvadore Mancuso, Iván Roberto Duque, (a) Ernesto Báez y a Ramón Isaza a una sesión en el salón Elíptico, donde participaron más de 60 Congresistas, y se les propició que esa actividad fuera divulgada por el canal oficial del Estado, además de los privados.

Qué vergüenza para Colombia, ambos tres están cumpliendo prisión y Mancuso lo hace en una cárcel en Estados Unidos. Mientras que las congresistas Arias y Pineda, pagaron cárcel y fueron expulsadas del uribista partido Colombia Democrática, a pedido de Estados Unidos, en ese momento y cuando rodaban videos que vinculaban al presidente con dichas congresistas en actividades electorales y ya vinculadas judicialmente, Uribe públicamente declaró que “no se podía creer en delincuentes”, lo mismo dijo el mandatario de Salvadore Mancuso, cuando este lo acusó de haberlo traicionado por extraditarlo. Siempre se ha comentado que había un pacto de no extraditar a los firmantes del acuerdo de Ralito, pero Estados Unidos no aceptó explicaciones.

Teniendo claro este escenario, podemos colegir que el poder político en Colombia hoy, en manos del ultraderechista Centro Democrático no admite espacio para la diversidad política. El sueño de los que creyeron que los Acuerdos de Paz, lograrían, realmente, solucionar el conflicto social y armado en el país, lo ven lejos de cumplirse porque en estos lideres políticos, el pueblo no importa, sino el odio y la venganza, el ejemplo de Santrich y la ofensiva contra el sistema de justicia, especialmentecontra las Altas Cortes, es una muestra de que la democracia y el estado social de derecho han quedado al desnudo e impera un sistema dictatorial y un Estado Fallido.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

La Habana, junio del 2019

CHAR NO ES EL MEJOR ALCALDE DE COLOMBIA, NI BARRANQUILLA ES LO ÚLTIMO EN GUARACHA

Por Alexander Camilo Arteaga Hernández

 

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Foto: UNEES Atlántico

La pobreza extrema en Barranquilla según el DANE para el 2017 (no encontré actualizada los indicadores actualizados al 2019 ) fue de  2,4%. Comparado con ciudades como Pereira (0,8%), Bucaramanga (1,4%), Manizales (2,1%) entre otras, la arenosa tiene unas cifras preocupantes.

El coeficiente Gini que mide la desigualdad, en en este caso el DANE hace el análisis desde los ingresos, para Barranquilla fue de 4,40, cuando el valor de referencia va de 0 a 1, siendo 0 menos desigual y 1 más desigual (se pasa del 1).

La contaminación de Barranquilla es vergonzosa, lo que demuestra que no hay una cultura ambiental como política de gobierno.

La inseguridad en la capital del Atlántico aumenta cada día más, la violencia y los hurtos se intensifican. Según el Sistema Penal Oral Acusatorio 3.679 personas fueron despojadas de sus pertenencias, en el período comprendido entre el primero de enero al 10 de abril, aumentando  las cifras en un 30% en comparación con el mismo periodo en el 2018.

Nos gusta ver que echen cemento, pero ni una bolsa para construir más IES públicas, que entre otras cosas la población del sur (generalmente la de más bajos recursos) tiene que movilizarse hacia el norte porque allá es que han concentrado las universidades.

En la arenosa, la política de gobierno de la clase dominante va orientada a priorizar la recreación, sobre la salud, educación, vida digna y buen vivir de la ciudadanía. Es por lo anterior que aunque existan altos niveles de desnutrición, dificultades para el acceso a la educación superior, desempleo y otros problemas sociales, uno de los calificativos más significativos de los barranquilleros hacía la familia sujeta al poder político en la ciudad, ridículamente es la campaña del Junior de Barranquilla. Pero el pueblo barranquillero seguirá votando por el que diga Char, después que Junior quede campeón o haga una buena campaña.

El voto será por Pumarejo porque reivindica a Édgar Perea. Esa es Barranquilla, esa es curamba la bella.

LA COSA POLÍTICA EN MALAMBO

Por Darwing Silva

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Mirando el contexto político y electoral del municipio de Malambo, caminando sus calles y escuchando las conversaciones en las populares esquinas que son grandes centros de pensamiento y termómetros de opinión pública he llegado a varias conclusiones sobre la “cosa política en Malambo”.

Primero hay que dejar claro que candidaturas en firmes no hay. Los grandes patriarcas de la Política departamental se encuentran en el dilema que está de moda a nivel nacional y es que su decisión oscila entre la sangre nueva ( se deja controlar) y el cacique tradicional que controla mochileros y negocia decisiones con los altos mandos de su partido político.

Entrando a lo municipal han aparecido caudillos de derecha e “izquierda”, mostrando procesos políticos que aparentan tener un alto nivel de consolidación y formación política cuando sabemos que sus proyectos electorales son creados a través de la necesidad estomacal de la comunidad y usando como bandera el supuesto rechazo hacia todo los servicios públicos del municipio.

¿Puede un militante de los partidos de gobierno hacer una crítica a los servicios públicos del municipio?, ¿con qué cara?, ¿con qué valor? Cinismo del puro…

¿Qué critica puede hacer un pre candidato de la casa CHAR acerca a el nivel de inseguridad del municipio? Todos sabemos que su jefe, el alcalde de Barranquilla,  en su afán de querer convertir a Barranquilla en Miami, nos ha enviado en forma de reubicados a familias de escasos recursos que son víctimas de su ambición y corrupción. Estas familias ante la falta de oportunidad la única salida económica que tiene es delinquir.

¿Cómo  algunos se pueden reunir con los pescadores? Acá sabemos que la ciénaga donde ellos ejercen su labor está siendo acabada por las empresas de su al rededor pertenecientes a un “viejo zorro” de la política nacional..

Y así son múltiples preguntas que surgen día a día, mientras que ellos se muestran como defensores de la clase popular y propagadores de indignación, cuando el sesgo ideológico o el partido en que militan son los que nos han llevado a esto: un desorden social.

Dos perlitas antes de terminar:

 ¿Por qué tantas obras públicas en los últimos 3 meses? ¿comité de impulso político? Ah, bueno.

Ciudadano Malambero, recuerde que aquellos que salieron en caravana el día que ganó Duque la presidencia varios de ellos hoy están aspirando a cargos de elección popular, que no pase como aquella canción “olvidalo y volverá por más”.