¿POR QUÉ EL SALARIO MÍNIMO NUNCA VA A ALCANZAR?

|| Por William Alexander Aguirre

El reciente anuncio del presidente Duque de resolver el aumento del salario mínimo por decreto, fijaría un incremento del 6% para el 2020, generando los efectos esperados en la opinión. Los aplausos de los gremios empresariales, la queja de las centrales obreras y la frustración de la ciudadanía de ingresos bajos que -aunque ganen por debajo del mínimo- aspiraban un mejor aumento en el marco del estallido social que implicó el 21N.

Los análisis técnicos rigurosos realizados por personas que al parecer nunca han pagado un arriendo, así como las fotos de las cuatro monedas que corresponden al aumento del salario mínimo por día, abundan en las redes sociales. Por más superfluas que resulten muchas de las opiniones al respecto, permiten poner de manifiesto las dificultades que atraviesa el salario mínimo para resolver las necesidades de las personas, de fondo la conclusión es que el salario mínimo nunca va a alcanzar porque:
-El nivel de informalidad lleva a que la mayoría de la población no reciba un salario mínimo.

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La proporción de población ocupada informal en las 23 ciudades principales de Colombia fue de 46.7% entre agosto y octubre de 2019 (DANE). El restante 53,3% que se presume formal incluye a trabajadores de las diferentes entidades del Estado, las Fuerzas Militares, los jueces y congresistas, entre otros cargos de la burocracia estatal que tienen ingresos muy por encima del salario mínimo. Se debe incluir dentro de estos empleados formales a las capas medias de profesionales como médicos, administradores, docentes, que pese a ver pauperizados sus ingresos, tienen salarios que generalmente se encuentran arriba del mínimo.

No hay una cifra oficial que permita saber que porcentaje de la población ocupada gana un salario mínimo, pero teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que esa porción de trabajadores esta por debajo de aquellos que tienen un nivel de ingresos distinto, según las declaraciones casi inentendibles del director del DANE, Juan Daniel Oviedo, serían alrededor de 9 millones los afortunados asalariados que perciben el mínimo.

Una de las dificultades de las centrales sindicales a la hora de negociar el salario mínimo parte de la escasa base social con la que cuentan en el momento de llegar a la mesa, sumado a la dispersión en la organización de los trabajadores. De acuerdo con el censo sindical realizado por el ministerio del trabajo (2017), las centrales tan solo agrupan a un 6.4% de las personas ocupadas, divididos en 7 centrales, de los cuales un 30% corresponden al sector campesino/pecuario y un 14.6% al educativo (siendo los sectores que mayor sindicalización aportan). Frente a ese panorama, la puja por el aumento salarial termina en manos de una minoría que representa a otra minoría de la población.

La idea de un salario mínimo diferencial, que es impulsada por buena parte de los gremios empresariales, solo busca legalizar lo que las empresas han venido haciendo de facto: flexibilizar la contratación laboral al punto que la figura de un “salario mínimo” desaparezca y sea reemplazada por los ingresos proporcionales a la productividad, como si la productividad fuese responsabilidad de los trabajadores de la empresa y no de la empresa misma. De esta manera, parte de los ocupados informales corresponden a formas de vinculación flexible sobre la base de comisiones por productividad que atan el ingreso del trabajador a la ganancia del empresario, en el peor de los casos, convenciendo a los empleados de que ellos también son verdaderos emprendedores.

La informalidad no es un problema que deban superar las economías de mercado. La informalidad es en una consecuencia inevitable de la tendencia de acumulación y dominación, que avanza hacia la desarticulación de los trabajadores y aumentar las ganancias por la vía de la reducción de los costos de funcionamiento de las empresas, que encuentra nuevas formas de pauperización laboral en plataformas y aplicaciones digitales de economía “colaborativa”.

La preocupación del sector financiero por la formalización laboral no pasa por la inquietud de las entidades financieras por la estabilidad de los trabajadores, sino por el afán de vincular a una parte importante de la población ocupada que recibe ingresos sin realizar aportes de salud y pensión (EPS y Fondos de Pensiones), de ahí la necesidad de presionar un ajuste institucional que permita flexibilizar también la captación de aportes a seguridad social, capitalizando los ingresos de las personas que se encuentran por debajo del “mínimo”.

El salario mínimo se determina a partir de los costos de funcionamiento de las empresas y no sobre el costo de la canasta básica familiar.

El principal argumento de los empresarios durante la negociación del salario mínimo es que los costos de funcionamiento de las empresas resultan muy elevados, por lo tanto, es imposible realizar nuevas contrataciones y generar más empleo. El dogma microeconómico de maximización de los beneficios lleva a los empresarios a repetir de manera incesante el mismo argumento, dejando de lado el mismo análisis micro del lado de las familias. Los costos de producción resultan de mayor importancia que los costos de la cesta básica familiar.

Si traemos a valor actual el promedio de los gastos totales mensuales del hogar en cabeceras municipales estimado por el DANE (2017), obtenemos que estos rondan los 2’410.000 pesos, siendo el arriendo y servicios públicos los que mayor proporción del gasto representan (28.7%). Dicho promedio se encuentra 1’429.000 pesos por encima del salario mínimo decretado para el 2020 (incluyendo el auxilio de transporte), por lo que los gastos se estiman que están por encima de los ingresos casi en un 60%.

El método de fijar el salario mínimo a partir de una “negociación”, cuyo poder está concentrado en una de las dos partes, da -y seguirá dando- como resultado salarios por debajo del costo de vida en el país.

El doble papel que juegan los trabajadores en la economía, como productores de bienes y servicios, por un lado, y como consumidores de los mismos, por otro, crea una evidente disyuntiva: si se reduce los ingresos de los trabajadores se reduce el consumo en la economía, por ende, las ventas de las empresas caen. En realidad lo anterior no ocurre, las personas deben consumir el millón cuatrocientos mil pesos ganen o no el salario mínimo, porque de ello depende su supervivencia.

En los países desarrollados podríamos afirmar que el Estado cubre, por la vía de la prestación de servicios o de los subsidios, el margen de diferencia entre el salario y el costo de vida, garantizando las ganancias de las empresas y la subsistencia de los trabajadores simultáneamente. En el caso colombiano, el Estado parece más preocupado por encontrar formas de financiación para sobrevivir que las familias mismas. El nivel de endeudamiento, la venta de sus activos productivos, la corrupción y la visión rentista que han tenido los sectores que controlan el Estado han llevado a que éste se vea obligado a incrementar sus impuestos y formas de recaudo, con nuevas cargas impositivas (como en la reforma tributaria) e inclusive, multando la mayor cantidad de personas que sea posible por tomarse una foto en la parte alta del nuevo puente Pumarejo.

El margen de diferencia entre el gasto de los hogares y el salario, se cubre generalmente mediante el crédito. El crédito de consumo ofrecido por las plataformas de almacenes comerciales, el crédito informal del paga diario, el fíao de la tienda, los atrasos en los pagos de arrendamiento y cuotas de crédito hipotecario, la tijera roja en los recibos de servicios públicos, etc. Posponer indefinidamente el pago de los gastos de consumo, alternando muchas veces las obligaciones incumplidas para “solucionar”, termina siendo la fuente de escape de la presión social que genera la informalidad, los bajos salarios y la ausencia de Estado benefactor.

Indexación de costos al salario mínimo
Un día después de anunciado el aumento del salario mínimo del próximo año, se escuchan incrementos en tarifas de servicio de transporte urbano que seguramente van a superar en recaudo el valor adicional que dichas empresas van a pagar a los choferes de su flota de buses con el nuevo salario. Mas allá de esto, son múltiples las implicaciones que tiene en el costo de vida la indexación al salario que tienen muchas tarifas. Con el 6% de salario aumentan los costos de matrículas de educación superior, el valor de las multas, entre otros conceptos medidos en SMLV, absorbiendo de forma paradójica buena parte del incremento.

Mientras el desarrollo de la producción en la economía colombiana no permita reducir el grado de informalidad, el salario mínimo solo servirá para indexar dichas tarifas, convirtiéndose en un indicador más de la economía, sin mayores efectos sobre el sector real que los arriba mencionados.

¿El fracaso del salario mínimo?, ¿hay otras alternativas?
El trabajo asalariado fue un éxito como forma de dominación y un fracaso como mecanismo para resolver la subsistencia de los trabajadores, lo que algunos autores han denominado como la crisis de la sociedad del trabajo, es en realidad la crisis del trabajo asalariado como mecanismo del capital para reproducirse y garantizar la reproducción de su principal fuente, la fuerza de trabajo. Ante esta situación se han profundizado modelos especulativos basados en el crédito en los que las personas no trabajan para consumir, sino que trabajan para pagar sus deudas, garantizando el consumo, el control social y la acumulación de capital de manera simultánea.

En perspectivas mucho más humanistas se ha planteado la necesidad de elevar un consumo mínimo vital a categoría de derecho fundamental, cargando sobre alguien o algo (el Estado, la sociedad, las mismas empresas) la responsabilidad entregar un ingreso a los ciudadanos sin distingo de estrato, raza, creencia o género. La renta básica es una forma de evitar que la subsistencia de una persona dependa de otras variables que no sean su propio derecho como ser humano a vivir en unas condiciones mínimas alimentación, vivienda, salud, educación y vestido. La renta básica no niega el trabajo asalariado, pero hace que la vida no dependa del salario. Por ende, no es una propuesta que implique transformaciones en las relaciones de producción, pese a no representar una salida anticapitalista son escasos los capitalistas que se atreven a promoverla, mientras se ven a gatas para intentar justificar que sus aumentos al salario mínimo esta vez sí van a alcanzar.

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