LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO, UN COMPROMISO HISTÓRICO DEL ESTADO COLOMBIANO

Por Jeyfer Acosta Maldonado ||

Para nuestra generación seria difícil rastrear las causas del origen del conflicto y la guerra que devora cada territorio del país, de no ser porque cada día el Estado y sus aparatos de represión nos recuerdan que son ellos quienes inician la chispa de la guerra. Los últimos días los partidos políticos al servicio del gobierno de turno no han hecho otra cosa que enfocar sus esfuerzos en iniciar una guerra no declarada con las clases populares y trabajadoras de Colombia. Para un par de ejemplos tenemos las nocivas “reformas” pensional y laboral que pretenden imponer, al igual que la Ley de financiamiento. ¿A quién financian realmente? Pues por lo que se ve financia al insaciable aparato burocrático de congresistas y funcionarios públicos que ven en sus cargos un camino para el beneficio personal y que han olvidado la vocación de servicio público. Y pues claro que también financian los apetitos insatisfechos de la empresa privada porque por lo que se lee quien sale desfinanciado es el pueblo asalariado, el trabajador informal, el pequeño comerciante y campesinado.

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Y sostengo que el Estado tiene un compromiso indisoluble con la guerra porque la Historia y los hechos recientes lo comprueban. Observe atentamente cuantos actores armados han existido en el siglo pasado y cuál de los dos bandos aun sigue generando acciones de guerra contra la población civil. Se desintegraron las guerrillas liberales, el MRL, EPL, PRT, M19, Quintín Lame y recientemente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y las políticas de guerra del Estado siguen más vigentes que nunca encarnadas en la doctrina militar del Enemigo Interno y la envejecida lógica de la Guerra Fría. Y no sólo estas acciones de perseguir, encarcelar, estigmatizar y aplicar el Lawfare (guerra y montajes judiciales) avivan la guerra sino sobretodo el abandono y desfinanciamiento de las necesidades básicas para vivir dignamente.

Fíjese, hoy basta decir articulo 44 del Presupuesto General de la Nación para entender la intencionalidad del gobierno de turno por acabar con una de las bases de cualquier democracia y sociedad moderna: el acceso a la educación superior. Y no bastando con esto, reprime de manera desproporcionada a través del ESMAD cualquier reclamo sea por las vías de hecho o de manera pacífica como lo demostraron las protestas de los estudiantes de la Universidad Nacional. Existe en el fondo de este accionar una política estatal de darle un tratamiento militar a la protesta social, de militarizar la vida civil y sobretodo de generar nuevos actores violentos innecesarios para nosotros y necesarios para sus finanzas.

El 10 de octubre del año pasado arrancaba un paro estudiantil nacional que llevaría tres meses en ser disuelto, y hoy parece que el gobierno quisiera gritar a pulmón herido “un fantasma recorre Colombia, es el fantasma del paro nacional de estudiantes”.

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