¿Y LA CORRUPCIÓN “NAUSEABUNDA”?

Por William Alexander Aguirre

El 31 de mayo de 2018, el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que había descubierto lo que todo el mundo sabía: la existencia de una red de compra y venta de votos que funcionaba como una organización empresarial durante las jornadas electorales. Martínez haría pública la investigación un mes después, señalando que la ‘nauseabunda’ corrupción electoral que encabezaba la excongresista Aida Merlano, estaba atravesada por una estructura que pasaba por su fórmula a la cámara de representantes, Lilibeth Llinás, por los concejales de Barranquilla, Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo (hijo de Aissar Castro Reyes, quien perdió la investidura de concejal tras celebrar contratos con el ICBF meses antes de elegirse en la corporación).

En ese momento, la fiscalía general planteó que la red de compra de votos había quedado desmantelada tras la operación realizada a “Casa Blanca”. Sin embargo, a pocos meses de las elecciones locales, han sido nulos los resultados de dicha investigación más allá de la perdida de investidura decretada por el Consejo de Estado contra la exsenadora Merlano.

A falta tres meses para la elección de autoridades locales el olor nauseabundo se vuelve a tomar la política del Atlántico. La Misión de Observación Electoral contabiliza alrededor de 283 posibles irregularidades electorales relacionadas con la contienda de octubre, de las cuales un 88% corresponden a publicidad extemporánea, participación de funcionarios públicos en política y riesgos al voto libre, ubicando al Atlántico como el quinto departamento con más denuncias presentadas.

Fue tradición de la fiscalía general, durante el periodo de Martínez Neira, dar respuesta ante las diversas investigaciones por medio de arribismo mediático y la carencia de resultados efectivos que dieran prueba de la acción de la fiscalía contra el crimen, por ello, no sorprende que los procesos contra dirigentes políticos regionales no hayan prosperado.

La realidad devela que la “maquinaria” electoral, entendida como la sofisticación técnica, tecnológica y financiera de la clase política para conservar su poder por medio de las elecciones, se encuentra perfectamente calibrada. Combinando las herramientas legales que permite el ordenamiento jurídico electoral, con las acciones que vulneran las mismas reglas de juego pactadas para reducir la evidente ventaja que tienen los partidos en el poder sobre el resto de agrupaciones, encienden los motores nauseabundos de las campañas tradicionales.

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